Omar Hasán Ahmad al Bashir dio un golpe de estado en 1989, siendo brigadier general del Ejército sudanés. Disolvió el Parlamento, prohibió los partidos políticos y estableció una férrea censura de prensa, asumiendo los poderes ejecutivo, legislativo y el alto mando de las Fuerzas Armadas.
Aliado con el Frente Islámico Nacional de Sudán, inició un proceso de islamización del país, sobre todo en la parte norte plenamente controlada por su ejército. El 16 de octubre de 1991 fue disuelto el Consejo Revolucionario que había provocado el golpe de Estado de 1989 y fue nombrado presidente de la República. En 1996, para legitimar su poder, celebró un plebiscito que lo eligió como jefe de Estado con todos los poderes de que gozaba hasta ese momento. En 1998 se aprobó una nueva constitución que permitía determinadas asociaciones políticas muy limitadas y creó la Asamblea Nacional, pero en diciembre de 1999, ante el peligro de perder el poder a manos del Frente Islámico, declaró el estado de emergencia, disolvió el gobierno y se deshizo de los elementos del mencionado Frente.
Mantuvo el conflicto con el sur, aunque mitigado por un alto el fuego, y en la zona occidental de Darfur, donde no fue reconocido como presidente.
En 2001 en la lista de los siete países del mundo que albergan y patrocinan el terrorismo internacional, øas grandes potencias europeas y Estados Unidos no querían perderse el acceso al petróleo sudanés ni el control de la delicada franja del Sahel. En 1998 Estados Unidos, basándose en informaciones deliberadamente falsas bombardeó una fábrica bajo la alegación de que producía material susceptible de ser usado como armas químicas.
Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, Ahmad al-Bashir realizó un aparente giro, condenando todos los atentados habidos y manifestando su intención de cooperar con las Naciones Unidas.
Hacia mediados de la década del 2000, la situación de casi permanente guerra civil que ha padecido Sudán desde su independencia entró en una dinámica de lenta resolución a través de la ONU, y bajo la presión de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Egipto, lo que dejaba de lado a la Unión Africana en la resolución de los problemas y metía de lleno a Occidente en el conflicto.
La guerra entre el norte y el sur terminó con el Acuerdo de Naivasha de 2005 y Sudán del Sur se separó en una nación independiente mediante un referéndum en 2011. Sin embargo, al poco tiempo, estalló un nuevo conflicto en Darfur, al oeste del país, así como disputas fronterizas con la nueva nación surgida al sur.
El 4 de marzo de 2009 la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó su captura por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur
En represalia, ordenó expulsar del país, al menos, a 13 ONG, lo que deja sin ayuda humanitaria a más de un millón de refugiados.
Bashir fue varias veces reelegido entre 2010 y 2015, mientras la economía sudanesa se iba deteriorando con los años.
En enero de 2018, implementó el plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional, transfiriendo algunos sectores de importación al sector privado. Como resultado, el precio del pan se duplicó; el precio de la gasolina aumentó un 30 %. La inflación alcanzó el 40 %. Los movimientos estudiantiles y el Partido Comunista de Sudán organizaron manifestaciones para desafiar la política de Omar al-Bashir. Este último reaccionó arrestando al secretario general del Partido Comunista y a otros dos dirigentes del partido, y cerrando seis periódicos.
Desde diciembre de 2018, su régimen se enfrentó al mayor movimiento de protesta en la historia reciente del país. El levantamiento tuvo lugar en las ciudades del extremo norte, en particular alrededor de la ciudad de Atbara, el centro histórico del sindicalismo sudanés. Las demandas, inicialmente centradas en cuestiones económicas (más de 20 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza), evolucionaron frente a la represión hacia una lucha por la dimisión de Omar al-Bashir. A 28 de diciembre de ese año, unas 40 personas habían sido asesinadas según fuentes médicas.
El día 11 de abril de 2019, el presidente de Sudán Omar al Bashir, dimitió bajo la presión de las manifestaciones callejeras y del ejército que le obligó a presentar su renuncia. Bashir quedó bajo estricto arresto domiciliario y se celebraron consultas para establecer un Consejo Militar Transitorio para dirigir el país.
El 5 de noviembre de 2019, la alianza Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC), que tenía el poder político indirecto de la transición sudanesa a la democracia, declaró que había llegado a una decisión consensuada a favor de transferir al-Bashir a la Corte Penal Internacional para la finalización de su juicio por corrupción y lavado de dinero.
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