El municipio Minas de Riotinto (Huelva) es conocido, tanto por sus yacimientos mineros, como por el color rojizo del río Tinto, al que debe su nombre. Sus ácidas aguas obtuvieron fama mundial cuando fueron elegidas por la NASA para simular las condiciones extremas del planeta Marte.
Pero lo que hoy analizamos es un fragmento de su historia, que es tan cíclica, como el inmenso círculo (de unos 1.000 metros de diámetro) que dibuja su mina más famosa. Hablamos de la Corta Atalaya, la mayor explotación minera a cielo abierto de toda Europa.
Las minas eran ya conocidas por las civilizaciones tartésica, fenicia y griega pero fueron los romanos RIOTINTO ROMANO
Aunque pueblos anteriores -Tartessos, fenicios, griegos- comenzaron a explotar las minas de Riotinto, fueron los romanos los que más hondas cicatrices abrieron en las tierras onubenses.
Los romanos dejaron unos 15 millones toneladas de escoria, y hasta una treintena de norias para el drenaje de las minas. Estos restos, son una muestra del éxito romano en la extracción del mineral. A estas novedosas tecnologías, hay que sumar la construcción o mejoramiento de las vías para su transporte. Una muy conocida es la que unía el puerto de Onuba (Huelva) con Urium (Minas de Riotinto).
La ocupación romana se produjo poco después de la cartaginesa. Al principio la República controlaba la explotación de las minas, pero con el Imperio, esta corre a cargo de emprendedores privados. Desde el siglo I a.C. hay restos de unos 20 hornos, talleres y edificaciones industriales de solida construcción. Por los restos encontrados, se percibe el alto nivel de vida de la clase dirigente romana de aquellas explotaciones. Muy distintas no obstante, eran las condiciones en las que vivían sus trabajadores.
Plinio afirma que 20.000 "criminales", es decir mano de obra esclava, trabajaban en la Bética (sur de España) de los cuales unos 10.000 lo harían en las minas de Riotinto. Por el tamaño de algunas galerías, vemos que la mano de obra infantil también fue utilizada. Las minas estarían en funcionamiento mientras existió el Imperio Romano, pero al parecer, fueron poco explotadas y hasta abandonadas durante la Edad Media y la ocupación islámica.
No es hasta el siglo XVI cuando de nuevo tenemos noticia fiables de las minas. En 1725 se permite la explotación a un emprendedor sueco durante 30 años. Luego vuelve a manos del Estado, pero la explotación de la mina decae, entro otras cosas, por el elevado coste del transporte del mineral hasta el puerto de Huelva.
Pero ya llegarían de nuevo los «romanos», con su nuevas tecnologías, a solucionar estos problemas.
Será en el siglo XIX cuando las minas adquirirían un renombre mundial con la llegada de los colonos del Imperio Británico.
En 1873, el gobierno de la I República española, deja las minas en manos privadas inglesas. El precio de la venta fue de 9.000.000 de pesetas, que salvaron al gobierno español de la bancarrota. Los ingleses de la RTC (Rio Tinto Company Limited) explotarían estas minas hasta 1954.
La RTCL fue constituida en 1873 por capitalistas británicos para hacerse cargo de la explotación de los yacimientos en la cuenca minera de Riotinto-Nerva.
El éxito de la empresa fue rotundo, pues para 1884, Riotinto era tenido como «el mayor centro minero del mundo».
Además de mejoras tecnológicas en la extracción del mineral, los ingleses agilizan su transporte creando la línea de ferrocarril desde Riotinto a Huelva. El famoso «Muelle del Tinto» es el empleado por la empresa para embarcar el mineral.
No hace falta indicar, que el trazado ferroviario sería muy parecido al de la calzada romana que, 2.000 años antes, unía igualmente la mina de Urium (Riotinto) con el puerto de Onuba (Huelva).
La arquitectura dejada por los ingleses, es muestra del alto nivel de vida de los dirigentes de las minas. En Huelva, vemos la impronta británica especialmente en la «Casa Colón» (antes un hotel), y en el barrio obrero «Reina Victoria».
En Riotinto se encuentra el barrio inglés de «Bella Vista» y numerosas construcciones entorno al yacimiento minero. Hasta las tejas planas de estas edificaciones victorianas, recuerdan más a las «tégulas» de las cubiertas romanas, que a las tejas árabes o andaluzas, propias de las techumbres locales.
La presencia inglesa, hizo de la provincia onubense el primer lugar de España donde se jugó y se crearon equipos de «football», como el aún vigente «Real Club Recreativo de Huelva» (antes, «Huelva Recreation Club»).
La clase obrera, en cambio, vivía en condiciones pésimas y a menudo se empleó la mano de obra infantil. En ocasiones se formaron huelgas y protestas, algunas duramente reprimidas a disparos. Es curioso que hasta el número de empleados coincide con el de la época romana, pues se afirma que para 1888, «el año de los tiros», había también unos 10.000 trabajadores en las minas.
Antes de que, en 1873, la Rio Tinto Company Limited (RTCL) comprara las minas de Riotinto al Estado español, la zona que las albergaba pasaba por ser una más entre las que las que se integran en Sierra Morena. En lo que hoy se conoce como Cuenca Minera de Riotinto primaban las actividades agropecuarias tradicionales y las relaciones de poder estaban mediatizadas por los propietarios de la tierra, justo lo mismo que ocurría en cualquier otra comarca de la Andalucía latifundista.
El lugar estaba atravesado por una inmensa veta de piritas ferrocobrizas que, contenidas en la faja de Sierra Morena, se venían explotando desde la antigüedad y de una forma más o menos artesanal, intermitente y subordinada a la actividad agroganadera, por lo que aún no se puede hablar de choques de intereses entre los explotadores de las minas y los del agro.
Mientras esto ocurría en el suroeste de la Península Ibérica, en Gran Bretaña estaba teniendo lugar lo que ha venido a denominarse “segunda revolución industrial”, que supuso una importante ampliación de las manufacturas y, por ende, un incremento de la demanda de materias primas desconocido hasta entonces.
El consorcio empresarial británico, la RTCL, puso sus ojos sobre las minas de Riotinto, que además de estar infraexplotadas se ubicaban bajo el amparo de un Estado enormemente necesitado de recursos económicos que gobernaba a una población pobre, por lo que tanto los costes laborales como los derivados de la compra de los derechos de explotación serían reducidos en comparación con otros países.
Como consecuencia de la expansión de las fábricas por el territorio británico, la minería pasó a ser una actividad económica fundamental en la medida en que suministraba los metales necesarios para la industria y proveía de carbón a las máquinas de vapor.
El 14 de febrero de 1873 y después del fracaso de una subasta en la que no hubo pujadores, la I República española vendió –por noventa y tres millones de pesetas de la época– no sólo los derechos mineros sobre esta parte del subsuelo, sino también el suelo y el espacio aéreo que quedaban sobrepuestos a los yacimientos minerales, lo que no deja de ser una renuncia a la soberanía.
Desde este momento todo cambia: los métodos de extracción de mineral se hacen más intensivos, el ferrocarril hará que las piritas lleguen a Huelva en pocas horas y la población irá incrementándose en la misma medida en que lo hagan los trabajadores que se dediquen a la minería.
Esta transformación traerá consigo un nuevo equilibrio de poderes en el que las oligarquías agropecuarias tradicionales pasarán a un segundo plano respecto a la RTCL, que no tardó en establecer relaciones en todos los niveles del Estado y, en el territorio bajo su dominio, desarrolló un modelo colonial en toda regla.
La Compañía –así era llamada por los habitantes de la zona– era la que proporcionaba trabajo, abastecía de alimentos y bienes de consumo a los mineros, la principal arrendataria de viviendas, la suministradora de agua a los municipios, la propietaria del único ferrocarril que llegaba a los pueblos mineros y la que mantenía abiertas tanto las escuelas, que educaban a parte de los niños, como el hospital, que trataba a los trabajadores enfermos o accidentados. Pero, al mismo tiempo, la RTCL decidía quiénes tendrían que ocupar los cargos en los ayuntamientos mineros y sometía a la población a vigilancia mediante un cuerpo policial propio, la “guardiña”, que estaba en total consonancia con el que dependía del Estado español, la Guardia civil.
No se puede obviar tampoco que mantenía en nómina a los mismos Diputados que, a través del tráfico de influencias que caracterizó al sistema político de la España de la época, "el caciquismo". La Compañía se encargaba de que salieran electos en el distrito de Valverde del Camino.
En otras palabras, la RTCL era la dueña absoluta del suelo sobre el que se asentaba y como tal se comportaba, al tiempo que utilizaba su poder para influir sobre las decisiones que se tomaban en Madrid y participaba en el juego político justo como lo hacían los caciques, utilizando su influencia sobre las sociedades de los pueblos que dominaba. Pero no todo fue innovación, sino que la RTCL siguió utilizando el mismo sistema de beneficio del mineral que usaban sus antecesores en la explotación minera: la calcinación al aire libre, que consistía en la ubicación de grandes montones de piritas sobre una base de leña que ardía durante meses, desprendiendo a la atmósfera un humo que contenía gran cantidad de azufre y resultaba tan letal para la vegetación como dañino para la salud de los animales y las personas.
Las primeras protestas contra los humos llegarán desde estos colectivos y en los primeros años de la década de 1880, cuando nazca la “Liga Antihumista”
Después de esas quemas, el mineral quedaba libre de impurezas y estaba listo para pasar por unas piletas llenas de agua agria, la procedente del desagüe de las galerías o del Río Tinto, que hacía precipitarse al cobre y culminaba el proceso productivo. Por supuesto, la razón de que se continuara utilizando este método es que esa era la forma más barata de separar el metal vendible del resto de componentes de las piritas, más aun cuando la Compañía era propietaria de una enorme extensión de bosques que podía explotar a su antojo, por lo que el precio del combustible era sólo el del salario de los hombres que se dedicaran a cortar los árboles y el del transporte.
Las “teleras”, que era como los habitantes de las minas denominaban a los montones de mineral por su parecido a una pieza de pan que recibe el mismo nombre, se extendieron de sobremanera una vez que la RTCL empezó a producir cobre a escala industrial y lo que antes había sido una molestia se convirtió en una amenaza para la vida vegetal y animal en una extensión de tierra que iba más allá de la estrictamente minera, lo que dotó de argumentos tanto a las oligarquías agropecuarias, deseosas de limitar o erradicar el poder de la Compañía, como de los pequeños campesinos que veían morir sus cosechas por los efectos del humo y de la lluvia, que se tornaba en ácida cuando pasaba a través del primero y hacía que las consecuencias de las calcinaciones llegaran, incluso, al agua de consumo.
No en vano, las primeras protestas contra los humos llegarán desde estos colectivos y en los primeros años de la década de 1880, cuando nazca la “Liga Antihumista” bajo el amparo de José María Ordóñez y Lorenzo Serrano, dos grandes propietarios cuyas tierras estaban ubicadas en Higuera de la Sierra y Zalamea la Real respectivamente.
Al mismo tiempo que la explotación se modernizaba y las “teleras” se extendían por cada vez más terreno, la Cuenca Minera de Riotinto se convirtió en receptora de una población que llegaba con la esperanza de encontrar trabajo en las minas, lo que supuso una concentración de varios miles de trabajadores y que los propagandistas de la primera Internacional se fijaran en la zona. Así fue cómo uno de esos propagandistas, Maximiliano Tornet, se instaló en la comarca y empezó a trabajar para la RTCL al tiempo que hacía proselitismo entre el resto de empleados, que estaban más que dispuestos a escucharlo porque sus condiciones de vida distaban mucho de ser dignas.
Con unas oligarquías agropecuarias que se sentían ultrajadas por el crecimiento del poder de la empresa británica y una base de mineros que vivía de forma precaria, se dieron los dos ingredientes necesarios para que, más tarde o más temprano, la situación se tornará en explosiva y comenzaran las movilizaciones conjuntas, lo que ocurriría el 4 de febrero de 1888. Es el que ha pasado a la historia como "el año de los tiros".
Tres días antes de esa fecha, los trabajadores de la RTCL habían iniciado una huelga en la que, entre otras cosas, reclamaban la prohibición de las “teleras” por la toxicidad de los humos que emitían. Merece la pena conocer el documento que contenía la plataforma reivindicativa al completo porque en él, además de concretarse cuáles eran las consecuencias de la calcinación de piritas para la salud de la población, se deja claro que la movilización tenía causas adicionales:
«Los que suscriben representan a 4.000 obreros y dicen que, en la seguridad de los perjuicios de los humos sulfurosos y creyendo que las corporaciones municipales tienen autoridad para suprimirlos, suplican a ese Ayuntamiento tome acuerdo de prohibición, evitando así el tener que lamentar daños personales como ya ha habido con Juan Muñoz, Felipe Moreta y Gabriela García Martín, además de otros. Unido a esto insertamos lista de reivindicaciones laborales..."
El escrito, que estaba firmado por Maximiliano Tornet y otros setecientos hombres, fue publicado por la prensa provincial el 14 de febrero y hace referencia a las muertes derivadas de los humos, pero también contiene varias reivindicaciones. En concreto, la primera de ellas se refiere a la supresión del descuento de una peseta mensual que la RTCL hacía en todos los salarios para sufragar el servicio médico; la segunda pretendía acabar con la contratación de trabajadores a través de empresas subsidiarias porque estos tenían condiciones laborales aún peores que las de los empleados directamente por la Compañía; la tercera es una mera reducción de jornada; la cuarta hace referencia a la sustitución del encargado de determinar quién era contratado y quién no; la quinta tiene que ver con las sanciones que castigaban la no asistencia al trabajo u otras infracciones del régimen interno de las minas y la última insiste en las consecuencias de las “teleras”, dado que los “días de manta” eran aquellos en los que el viento empujaba al humo sobre las minas y era imposible trabajar, tanto por lo irrespirable del ambiente como por la falta de visibilidad que aquél provocaba.
El día 4 de febrero de 1888 tuvieron lugar dos manifestaciones que, encabezadas por sendas bandas de música, salieron desde el municipio minero de Nerva y desde el agropecuaria Zalamea la Real para confluir en Minas de Riotinto, en cuyo término municipal se hallaban concentradas las “teleras” y cuyo Ayuntamiento tenía potestad para prohibirlas. Ya unidas en la plaza en la que se encontraba el consistorio, tanto los mineros como los propietarios de fincas agropecuarias enviaron a sus representantes a hacer entrega de las reivindicaciones, por parte de los primeros iba Maximiliano Tornet y, representando al otro colectivo, Lorenzo Serrano. Pero el alcalde, temeroso de que la escasa dotación de la Guardia civil resultara insuficiente para mantener el orden público, había solicitado el envío de más agentes y en aquél mismo momento llegaron a la estación un regimiento del ejército, el de Pavía, y el representante del Gobierno en la Provincia de Huelva, que unido al oficial al mando de los soldados recién llegados entró en el Ayuntamiento para encontrarse con los concejales, Maximiliano Tornet y Lorenzo Serrano.
Una vez dentro, el gobernador civil manifestó la imposibilidad de prohibir las teleras y salió al balcón del edificio, desde donde ordenó a la Guardia civil dispersar a los manifestantes. El Regimiento de Pavía abrió fuego contra los congregados y estos huyeron en desbandada, dejando tras de sí una plaza totalmente arrasada y a trece muertos. A día de hoy es imposible conocer cuál es el número concreto de víctimas mortales, pero es significativo que la Compañía reconociese que hubo 45 y la tradición popular eleve esa cifra hasta los trescientos
Aparte de estos fallecidos, hubo multitud de heridos, algunos de ellos murieron en sus casas y, para evitar que la RTCL tomase represalias contra sus familias, fueron enterrados clandestinamente. En consecuencia, a día de hoy es imposible conocer cuál es el número concreto de víctimas mortales, pero es significativo que la propia Compañía reconociese que hubo cuarenta y cinco y la tradición popular eleve esa cifra hasta los trescientos.
La magnitud de la matanza debió ser tal que la población minera no volvería a manifestar su descontento de forma masiva hasta 1913, lo que es indicativo de que estaba instalada en el terror. Por su parte, los terratenientes de los pueblos limítrofes a las minas no volvieron a usar su poder para oponerse a la RTCL, que pasó a ser la gran vencedora y les impuso una alianza política que, por tener como objetivo el mantenimiento del statu quo, realmente beneficiaba a ambas partes.
En cuanto a los pequeños campesinos, la Compañía se encargó de ganarlos para su causa a través de la compra de sus tierras y el ofrecimiento de los empleos mejor remunerados, que casi siempre fueron aceptados ante la imposibilidad de continuar con las explotaciones agroganaderas que había generado la propia RTCL.
Fuera de la comarca, la matanza que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Minas de Riotinto llegó al Parlamento, donde se investigó lo ocurrido para depurar responsabilidades y determinar quién había dado la orden de abrir fuego, una depuración que nunca se hizo.
No obstante, los “antihumistas” resultaron victoriosos de alguna manera, porque el 29 de febrero de 1888 se decretó el fin de las calcinaciones al aire libre y se impuso a las empresas buscar otras formas de beneficiar el mineral. La desaparición de las teleras, según la RTCL, ponía en riesgo al negocio y esa excusa le sirvió para reducir la plantilla drásticamente, generando un importante problema de desempleo que obligó al Gobierno a reconsiderar lo decretado, eso sí, en base a los estudios que haría una delegación de expertos que visitaría la zona.
Las conclusiones, lejos de lo que afirmaban quienes se manifestaron el 4 de febrero, fueron que el aire que se respiraba en la comarca no era nocivo para la salud, aunque contenía una proporción imperceptible de azufre y metales, lo que suponía que las “teleras” podrían seguir ardiendo sin riesgo alguno.
Pese a esto, el Gobierno que había prohibido este método de tratar las piritas no se atrevió a derogar su propia ley y fue el siguiente, que correspondió a los Conservadores y llegó al poder dos años después, quien lo hizo justo después de formarse. El avance en la mineralurgia y la necesidad del azufre para la producción de ácido sulfúrico y fertilizantes químicos impusieron la sustitución del método de beneficio por otro menos nocivo y más eficiente, la lixiviación, que se generalizó a partir de 1895.
Además del conflicto meramente ecologista, lo acontecido en las minas de Riotinto en 1888 tiene que ser entendido como un choque entre el naciente poder de la RTCL y el que hasta ese momento había sido ostentado por las oligarquías agrarias, que en esta ocasión se dieron la mano con unos mineros descontentos con sus condiciones de vida y que vieron en esa alianza un vehículo para mejorarlas.
Quizá sea necesario terminar relativizando el componente medioambiental para insertarlo adecuadamente en las reivindicaciones de los colectivos en lucha, que desde luego estaban movidos por unos objetivos mucho más mundanos y que, en el caso de los terratenientes, pasaban por continuar ejerciendo el papel que siempre habían jugado en las sociedades latifundistas y, en el de los obreros, conseguir unas mejoras en las condiciones de vida que, entre otras cosas, pasaban por hacer que el aire que respiraban fuera menos nocivo para la salud.
Para 1917 la Rio Tinto Company Limited era una de las primeras empresas de España, y estaba organizado un plan de modernización que incluía la compra de maquinaria de cara a una mayor mecanización de los trabajos y la construcción de nuevas plantas industriales para tratar los minerales.
Pero en la década de 1920 la situación había dado un vuelco. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la guerra submarina sin restricciones practicada por Alemania alteró gravemente la exportación de pirita al importante mercado norteamericano, que hasta entonces había sido muy dependiente del mineral procedente de España. A esto se sumaría el hecho de que el precio internacional de la pirita cayó en picado tras el final de la contienda, lo que redujo los beneficios de la RTC.
La huelga minera de 1920 acabó con despidos masivos
Gracias a sus estrechos lazos con las altas esferas políticas, durante sus primeras décadas de existencia la RTC estuvo inmersa en un fraude fiscal sistemático contra la Hacienda española.
En 1928 un antiguo empleado de la compañía que trabajaba en la Casa Colón, Harry Pilkington, denunció al Ministerio de Hacienda el fraude continuado que esta había cometido entre 1923 y 1925. El presidente del consejo de administración, Auckland Geddes, intentó alcanzar un acuerdo reservado con el entonces ministro, José Calvo Sotelo, pero este rechazó esa posibilidad y prefirió llevar el asunto por la vía judicial. Se inició entonces una dura batalla legal que se saldó, en 1928, con una primera condena a pagar 750.000 libras esterlinas por impuestos con base en los beneficios generados por sus actividades en España. El litigio se alargó hasta 1931 y no acabaría siendo favorable para la Rio Tinto.
En 1929 la extracción de mineral en Riotinto alcanzó su máximo histórico. La compañía implementó diversas inversiones de cara a modernizar su red de instalaciones, como el ferrocarril o el muelle-embarcadero de Huelva, o construir otras nuevas.
A partir de 1931 la cuenca minera vivió una etapa de gran conflictividad laboral y social. El estallido de la Guerra Civil, en 1936, trajo nuevas dificultades para la empresa. Desde que controlaron la zona las fuerzas fascistas negociaron con embargos o tratados para que la producción de piritas se dirigiera hacia puertos de países del Eje, especialmente a la Alemania nazi. La empresa germana Hisma-Rowak canalizó los envíos de mineral. La nueva situación no afectó a las exportaciones al Reino Unido, pero sí lo hizo con Francia, que entre 1936 y 1939 perdió la práctica totalidad de los envíos de pirita de Riotinto.
Desde la década de 1920 la Rio Tinto Company Limited inició una política de diversificación de sus inversiones y actividades, adquiriendo varias minas en colonias británicas de África. En torno a 1928 ya se estaban realizando fuertes inversiones en yacimientos situados al norte de Rodesia. Lentamente, España fue perdiendo la posición preponderante que había tenido en el seno de la empresa desde 1873. La proclamación de la Segunda República española, en 1931, no fue recibida con buenos ojos por la dirección de la RTC debido a los temores de una expropiación de las minas de Riotinto. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial la difícil situación que vivió la compañía fue motivo de que se celebraran diversas conversaciones de cara a la venta de las minas a capitalistas españoles, si bien esta posibilidad no llegó a materializarse. A partir de 1946, con la subida que experimentó el precio internacional del cobre, la explotación de los yacimientos onubenses volvió a arrojar beneficios.
A comienzos de la década de 1950, en un contexto mucho más estable, se retomó la vieja idea de vender las minas. En junio de 1954 se iniciaron las negociaciones que llevarían a la venta de las propiedades de la RTC en Huelva a un grupo de entidades financieras: el Banco Español de Crédito, el Banco Hispano Americano y el Banco de España. La operación fue aprobada por Franco el 14 de agosto y tuvo un coste de 7,66 millones de libras esterlinas (unos 1000 millones de pesetas de la época). Dos terceras partes de los activos pasaron a manos del capital privado español, aunque RTC mantendría el tercio restante. El 28 de octubre del mismo año se constituyó la Compañía Española de las Minas de Río Tinto (CEMRT), asumiendo esta la propiedad de los yacimientos e instalaciones.
Para la RTC el hecho de desprenderse de sus activos españoles no fue visto con malos ojos, dado que las explotaciones de Riotinto ya empezaban a dar signos de agotamiento.
Por otro lado, se da la circunstancia de que la empresa británica constituía el accionista mayoritario de la CEMRT, donde controlaba un 33% de su capital. Gracias al capital obtenido en la venta, la compañía realizó inversiones en Australia, Canadá o los Estados Unidos, país este último donde llegaría a explotar yacimientos de uranio y petróleo.
Esta expansión de sus negocios, que se unía a las minas que ya explotaba en África, vino a consolidar la estrategia de diversificación que la RTC había venido emprendiendo desde varias décadas antes. En 1962 la Rio Tinto Company Limited acordó la fusión con la firma Consolidated Zinc, dando lugar a la Rio Tinto-Zinc Corporation. Paralelamente, los activos australianos de ambas empresas se unieron para formar otra sociedad, Conzinc Riotinto of Australia.
Las últimas noticias que nos vienen de Río Tinto es su intento de hacerse con la explotación del litio de Serbia. Serbia puso fin a la explotación de litio de Rio Tinto. Tras semanas de protestas de la población, el Gobierno serbio canceló los permisos a la multinacional minera para el proyecto de mina de litio y la continuación de su trabajo en el país balcánico,
La compañía anglo-australiana sondea desde 2004 un yacimiento de litio en el oeste de Serbia, en la zona de Jadar, con la intención de abrir una mina y extraer el mineral, fundamental para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos, y para ello promete invertir unos 2.100 millones de euros en el país balcánico. Desde noviembre de 2021 miles de personas bloquearon en varias manifestaciones carreteras, autopistas y puentes en varias ciudades en protestas contra el proyecto pero también contra el Gobierno. Pero la RioTinto está curtida en aplastar a los oponentes y crear poderes dóciles. Espera obtener los permisos necesarios mientras el pueblo serbio presenta medio millón de firmas en contra.
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